No es lo mismo caminar por el barrio tranquilamente, que recorrer un monte diez o doce horas al día; comer comidita casera, que alimentarse con dos papas y una sopa desabrida que te pasan de mala gana; abrir la ventana para disfrutar el paisaje, que estar encerrado en un cuarto con las manos atadas y los ojos vendados a causa de un secuestro.

Entre nosotros este es un tema preocupante. Precisamente el Ministerio de Defensa de Colombia dice que al terminar 2023 van 286 secuestrados, marcando un incremento de 120 casos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa un aumento del 72%; y el análisis mensual destaca que octubre ha sido el mes con mayor número de secuestros, registrándose 38 casos, entre ellos se cuenta el del odontólogo Juan Carlos Bayter, oriundo de El Banco Magdalena.

Esto representa un desafío para la Iglesia y en consecuencia para nuestra Diócesis de Santa Marta de cara a la construcción sinodal del Plan Pastoral, teniendo en cuenta que el Catecismo plantea en el numeral 2297: “los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y, mediante la amenaza, ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos”. Según esto, el secuestro es la privación de la libertad personal y además de ser un pecado es un delito que atenta contra la dignidad de quien lo padece y de los que forman parte de su círculo.

De acuerdo a este panorama, genera esperanza escuchar al Papa Francisco desde su ventana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano después del Ángelus: “los invito a que se unan a mi plegaria para la liberación sin condiciones de todas las personas actualmente secuestradas en Colombia”.